El sistema de salud colombiano está en un momento de importantes transformaciones legales que impactarán la manera en que funcionan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y el acceso de los ciudadanos a la atención médica. Los recientes decretos que entrarán en vigor en 2025 redefinen el papel de las EPS, modifican sus responsabilidades y anuncian un giro hacia un esquema de atención más preventivo y articulado con redes locales. Esto genera alertas tanto en los actores del sector como en los usuarios, que deben estar atentos a cómo estos cambios pueden afectar la gestión y el acceso a los servicios de salud.
Cambios regulatorios en la gestión de las EPS
A partir de la promulgación del Decreto 858 de 2025, las EPS dejarán de tener a su cargo la afiliación de los usuarios y la contratación directa de servicios de salud, dos funciones esenciales que antes les correspondían. Ahora, las nuevas responsabilidades incluyen la auditoría, seguimiento de la calidad, apoyo en la formación de redes prestadoras y sobre todo, un enfoque en la prevención. Esto significa que la EPS ya no conducirá el proceso de inscripción al sistema ni seleccionará los prestadores directamente, sino que estos procesos estarán bajo otras figuras, como los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).
El marco legal también impone nuevos estándares y requisitos para la autorización, habilitación y permanencia de las EPS en el sistema. La habilitación de una EPS requerirá el cumplimiento permanente de condiciones técnicas, administrativas, científicas y tecnológicas más estrictas, según lo establece el Decreto 527 de 2025. Por todo esto, veremos un proceso de transformación en el que solo las entidades que logren adaptarse a estos nuevos estándares podrán seguir operando.
Papel de las Redes Integrales Territoriales y los Centros de Atención Primaria
El cambio más significativo es la consolidación de estructuras territoriales para la prestación de servicios. Las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) serán fundamentales. Estas redes agrupan a clínicas, hospitales y centros de salud públicos y privados bajo una lógica de coordinación regional. Los usuarios ya no dependerán de la red de su EPS para recibir atención, sino que serán adscritos a un CAPS, desde donde se les canalizará a la red asistencial que definan las secretarías de salud. Este esquema busca mejorar el acceso oportuno, calidad y continuidad en la atención, reduciendo fragmentaciones históricas.
El enfoque de los CAPS será preventivo y personalizado. Estos centros serán la puerta de entrada al sistema, responsables de monitorear el estado de salud de la población adscrita, coordinar remisiones y garantizar la adherencia a tratamientos. Las secretarías de salud tendrán entonces un rol mucho más activo en la gestión de la atención y el aseguramiento de la calidad. Todo esto apunta a un modelo sanitario más centrado en el territorio y en la prevención de enfermedades, como se ha promovido internacionalmente en sistemas basados en atención primaria.
Implicaciones para usuarios y profesionales de la salud
Para los usuarios, los cambios suponen una modificación radical en el trayecto tradicional para recibir servicios médicos. Al eliminar el rol de las EPS en la afiliación y contratación, ahora será el Estado quien articulará el acceso a los prestadores por medio de las RIITS y los CAPS. Esto implica que cuando alguien requiera atención médica, deberá acercarse primero al centro primario de referencia de su territorio, el cual supervisará y remitiría a los servicios especializados necesarios.
El nuevo modelo promete un acceso más equitativo y menos fragmentado, pero también genera dudas sobre la capacidad de los CAPS para responder a la alta demanda, la articulación efectiva entre los distintos niveles de atención, y el sostenimiento financiero de todo el sistema. Expertos y actores políticos advierten que el proceso de transición genera presiones de ajuste y una posible sobrecarga administrativa. La formalización laboral en el sector también está en la mira, pues el nuevo marco normativo exige mejores condiciones contractuales para el personal sanitario, buscando profesionalizar y estabilizar el empleo en el sector.
Para los profesionales de salud, el tema de la formalización laboral promete avances; se espera una contratación más estable y segura, reducción de la tercerización y pagos oportunos. Además, la coordinación territorial puede permitir un uso más eficiente del recurso humano y una mejor distribución de la carga laboral.
Desafíos y controversias sobre la implementación
El punto más polémico surge alrededor del financiamiento y la administración del riesgo. Aunque las EPS seguirán siendo responsables de garantizar el aseguramiento en salud y la gestión de riesgos financiero y clínico, han perdido el control directo sobre los recursos y la contratación, funciones que históricamente les daban poder en el sistema. Es este traslado de responsabilidades lo que preocupa a los gremios del sector, pues temen que la excesiva centralización y el nuevo diseño sobrecarguen a las autoridades territoriales y generen cuellos de botella administrativos.
Desde el gobierno, se señala que el nuevo modelo es una respuesta al diagnóstico de fragmentación e ineficiencia del sistema, y que la reglamentación pendiente debe solucionar los vacíos que aún persisten. Hay advertencias sobre la constitucionalidad de algunos artículos del decreto, además de alertas sobre el posible impacto en la libertad de elección de los usuarios y la autonomía de los prestadores. En este contexto, la discusión en Senado sobre la reforma estructural se cruza con el avance de estos decretos reglamentarios, generando incertidumbre sobre la armonización de ambas normativas.
Los próximos meses serán vitales para que los ciudadanos, profesionales y actores del sistema entiendan los procedimientos de adscripción, remisión y garantía de acceso, además de organizarse frente a los nuevos esquemas de aseguramiento. Ante este panorama, se recomienda a todos los afectados estar informados y atentos a las convocatorias de las secretarías de salud, así como mantener contacto con los CAPS de su territorio para aclarar dudas y anticipar ajustes en la ruta de atención.
En síntesis, el proceso de transformación del sistema de salud colombiano en 2025, a través de los nuevos decretos, busca una atención más preventiva, territorial y coordinada. El rol de las EPS se redefine, entregando las funciones críticas de afiliación y contratación a las autoridades y redes territoriales, mientras se intensifican los estándares y requisitos de habilitación. Aunque el modelo tiene potencial para mejorar el acceso y la equidad, enfrenta el desafío de una implementación que requiere claridad normativa, eficiencia operativa y consenso entre todos los actores involucrados. EPS
